1. Introducción.

El Expediente Picasso, un documento que aún hoy mantiene una indiscutible carga política, fue una investigación gubernativa ordenada por el ministro de la Guerra, como consecuencia del derrumbe de la Comandancia General de Melilla, entre julio y agosto de 1921, con el resultado de unos 7900 soldados españoles muertos^[1].

Sin embargo, resulta difícil analizar el expediente si se desconocen algunos aspectos como el porqué de nuestra presencia en Marruecos, la naturaleza de la misión a acometer allí, la complejidad del teatro de operaciones, la sucesión de los acontecimientos y el entorno político y social en los que se desarrollaron la campaña de 1920-21 y la propia investigación.

2. Antecedentes históricos.

El interés de España en Marruecos viene de lejos. Tras la conquista de Granada se contempla la necesidad de constituir una línea de seguridad en las costas africanas para evitar nuevas invasiones y frenar el avance otomano en el Mediterráneo. En el siglo XVI, ese cinturón defensivo se extendía ya desde Cabo Bojador y Cabo Juby, frente a las Canarias, hasta Trípoli.

Luego, con la conquista de América y el estallido de la revuelta protestante en Europa, España se olvidó de África, y sus posiciones en aquellos territorios se fueron abandonando.

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En el último cuarto del siglo XIX, con la 2ª revolución industrial y la necesidad de materias primas, las potencias mostraron su interés por África. Y Marruecos, que constituía la puerta del África Occidental y la llave del Estrecho de Gibraltar, se convirtió en un problema internacional.

Las pretensiones de Alemania y Francia llevaron a Gran Bretaña, viendo peligrar su soberanía sobre el estrecho, a convocar una conferencia internacional, que se celebró en Madrid, entre mayo y Julio de 1880. Allí, las potencias manifestaron sus posiciones respecto a Marruecos. España, invitada por cortesía, asistió por obligación como convidado de piedra.

Pocos años después se liquidaba el imperio español. En 1898 se entregaban a los EEUU. Las islas de Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam; y en 1899 se vendían a Alemania los archipiélagos de las Marianas: las Carolinas y las Palau.

España quedó conmocionada, la regeneración hispana pasaba por África, por Marruecos, en otro caso otras potencias se establecerían allí, amenazando no solo las plazas españolas africanas sino también el territorio nacional, incluidos los archipiélagos.

En cuanto al Marruecos de principios de siglo XX se podría considerar lo que hoy se denomina un «estado fallido». Tras la muerte del gran sultán Muley Hassan (1894) y su gran visir, Ba Ahmed (1900), el Majzén había colapsado y el ejército del imperio se desangraba en intestinas guerras sucesorias.

En los territorios bereberes, numerosos jefes locales de las cabilas tradicionalmente insumisas aprovecharon la debilidad del Majzén. Y el delito se convirtió en norma: saqueo de poblaciones, asalto a buques mercantes, asesinato y secuestro de tripulaciones y de empresarios europeos, o la extorsión a las compañías mineras. Así, según Hart (1999) «1898-1912 [...] era un período generalmente de agitación y violencia en Marruecos, y en particular en el Rif»^[2].

A principio del siglo XX, el asunto marroquí llenaba las portadas de la prensa internacional. Y tras varias conferencias, acuerdos y tratados se decidió el establecimiento de un Protectorado internacional en el país alauita, que facilitara la estabilidad y el progreso.

El punto de arranque fue la rúbrica, en 1904, de la declaración franco-británica sobre Egipto y Marruecos, por la que Francia se comprometía a no intervenir en las áreas africanas de interés británico; mientras que Gran Bretaña dejaba a Paris las manos libres en el país.

En la declaración, los británicos incluyeron ciertas cláusulas para asegurar su hegemonía sobre el Estrecho de Gibraltar: la costa mediterránea debía ser ocupada por una potencia secundaria, España; y Tánger declararse zona internacional. España se vio así «invitada» a participar, de no hacerlo, ese territorio lo ocuparía Francia, con el consiguiente riesgo para la soberanía nacional.

Ya en abril de 1906 se celebró la Conferencia de Algeciras, en la que se definieron, «groso modo», las zonas de influencia de cada nación. A España se le asignó una franja costera de unos 20.000 km2, con unos 50 km de anchura media por unos 340 de longitud máxima.

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La zona se encontraba dividida en dos áreas bien diferenciadas: en el occidente las regiones arabófonas de la Yebala, Gomara y Senhaya; en el oriente la berebófona de El Rif. En general, el clima era severo, el terreno duro, lleno de picachos y barrancos, y el suelo improductivo. Allí vivían, totalmente aisladas y conforme a sus leyes, 71 cabilas -285 facciones- en su mayoría insumisas a la autoridad del Sultán, y a la de cualquier vestigio de administración.

La población, unos 600.000 habitantes, dedicada a la agricultura de subsistencia, se encontraba extraordinariamente armada y había hecho del delito y del conflicto entre vecinos, facciones, cabilas o contra las mehalas del Sultán su forma de vida. Destacaban por su ferocidad las cabilas de la Bahía de Alhucemas: Bocoya, Beni Urriaguel y Tensaman, secularmente dedicadas al contrabando y a la piratería.

El 13 de mayo de 1909, el Sultán declaró a The Times su incapacidad para controlar el territorio y que el ejército no era lo bastante fuerte para garantizar la seguridad. En las proximidades de Melilla, los cabecillas locales reclamaron a las firmas mineras una parte de sus benéficos. Y ante su negativa, el 9 de julio de 1909 asesinaron a cuatro obreros del ferrocarril minero.

Madrid, ante la inacción del Sultán, ordenó la intervención y las fuerzas de Melilla entraron en combate. Las bajas en las operaciones y la movilización de tropas generaron violentos disturbios en Madrid y, sobre todo, en Barcelona, que llevaron a la caída del Gobierno.

En 1911, la anarquía se extendió ya por todo Marruecos. Las cabilas atacaron Fez y el Sultán solicitó apoyo a Francia. El Mizzian declaró la guerra contra el extranjero en las proximidades de Melilla; en Larache era asesinado un protegido de España, Ben Malek, y dos de sus hijos; mientras que en Alcazarquivir los insumisos al Majzén amenazaron a la población europea.

Ante la incapacidad del Sultán para proteger los intereses españoles, el Gobierno envió una flotilla con tropas, que desembarcaron en Larache el 8 de julio, entrando en Alcázar el día 9.

3. La misión del Protectorado y las operaciones en la campaña de 1919-21.

El 30 de marzo de 1912 se firmaba el acuerdo franco-marroquí y el 27 de noviembre el convenio franco-español sobre el protectorado. En concreto el texto decía:

«Artículo 1: […] en la zona de influencia española toca a España velar por la tranquilidad […] Artículo 3: […] adquiere el compromiso de prestar su apoyo a Su Majestad Xerifiana contra todo peligro que amenazara a su persona, a su trono, o que comprometiera la tranquilidad de sus estados»^[3].

En suma, España, como actor del orden internacional, se comprometía a auxiliar al Sultán a pacificar y someter a su autoridad la zona asignada y a establecer en ella una administración moderna, llevando allí el progreso y los valores de la civilización.

La opinión pública acogió el hecho con gran animadversión, pues el peso de la intervención militar recaería sobre las clases más desfavorecidas que, sin recursos para pagar los beneficios de cuota, constituían el grueso del Ejército. Tal y como apuntaba el periodista Gómez Hidalgo, «el soldado y el pueblo sienten repugnancia a la guerra en Marruecos»^[4].

La situación social en España no era nada halagüeña. Y las huelgas revolucionarias y los atentados proliferaban en todo el territorio. En noviembre de 1912, el Presidente del Consejo, José Canalejas, era asesinado y, entre 1905 y 1913, el mismo rey sufrió hasta tres atentados. La firma de los acuerdos del protectorado fue aprovechada por los enemigos del tambaleante sistema de la Restauración (anarquistas, socialistas, republicanos, así como los regionalista y nacionalista) para intensificar su campaña anticolonial.

Colocado entre la presión interna y el compromiso internacional adquirido, el Gobierno definió su política marroquí. Ésta se puede sintetizar en la frase del Alto Comisario de España en Marruecos, en noviembre de 1918, general Gómez Jordana: «implantar el Protectorado sin disparar un tiro, ni derramar una gota de sangre»^[5]. Un extremo que confirmó el conde de Romanones, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Estado en 1919:

«Mi Gobierno perseverará en el propósito de reducir en lo posible los gastos ocasionados por la acción en Marruecos […] pacificación con el menor gravamen del erario público»^[6].

A principios de 1913, España comenzó a ejercer tímidamente la acción de Protectorado, ampliando el hinterland de seguridad de las plazas de Ceuta, Tetuán, Larache y Alcazarquivir, empleando, fundamentalmente, fuerzas indígenas. Así lo recogía un oficial de la época:

«Fueron mandados a Tetuán los regulares […] su intervención fue brillante […] y tanto por el hecho de que por ser indígenas las bajas en ellos no causaban depresión en España, como por la confianza que infundieron en el mando, desde entonces fueron la vanguardia de toda operación y se denominaron fuerzas de choque»^[7].

Mientras, las fuerzas de la Comandancia General de Melilla operaron para ampliar la zona de seguridad de la plaza hasta el rio Kert. En 1914, cuando España había sometido a la autoridad del Majzén poco más del 5% del territorio asignado, el inicio de la I Guerra Mundial llevó a la paralización de las operaciones, cuando la declaración de neutralidad española en el conflicto se amplió al territorio del Protectorado, por temor a los recelos de Francia.

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España en Marruecos. Territorio pacificado en 1914

Un año antes de finalizar la Guerra Mundial, en octubre 1917, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia tuvo un efecto directo en España. Se generó entonces una gran convulsión social, la crisis de 1917, antesala del periodo nacional conocido como el «trienio bolchevique». Así, el anticolonialismo, una de las principales banderas de los grupos antisistema, tomó oxígeno.

Finalizada la Guerra Mundial, el Gobierno retomó su misión en Marruecos. Y en noviembre de 1918, el ministro de la Guerra presentó el plan de pacificación.

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España en Marruecos. Territorio pacificado 1918

En esencia se trataba de alcanzar la cabila de Beni Urriaguel, en la Bahía de Alhucemas, pacificando todo el territorio, partiendo desde el oeste con las fuerzas de Ceuta y Larache; y desde del este con las de Melilla. Un plan que se habría de desarrollar con prudencia pues:

«La política se aprovechaba […], para combatir a los gobiernos que se veían obligados a cumplir nuestros compromisos internacionales. Los mismos gobiernos, apercibidos del arma que la intervención militar ponía en manos de sus adversarios políticos, vacilaban en lanzarse a la empresa, evitando cualquier actividad que pudiera ser aprovechada por sus enemigos para combatirlos»^[8].

Antes de ejecutar el plan había que estructurar la cadena de Mando en el Protectorado, teniendo en cuenta la delicada situación política y social española. Se decidió entonces controlar la intervención desde Madrid, haciendo depender a los comandantes generales de Ceuta, Larache y Melilla del ministerio de Estado, para la relación con las cabilas; y del de la Guerra, en lo referido a los planes de operaciones. Además, se confirió al cargo de Alto Comisario un carácter civil. Unas medidas que justificaba el Ministro de la Guerra, general Berenguer, en noviembre de 1918:

«nombrar un Alto Comisario Civil, que diera la impresión de que renunciábamos allí a toda empresa guerrera, acordándose […] que el Ministro de la Guerra modificará la organización militar […] en forma de poder prescindir del nombramiento de un general en Jefe […] (por) la necesidad de tomar garantías para que no nos viéramos arrastrados a aventuras belicosas que eran además pretexto de campañas políticas que hacían imposible la vida de los Gobiernos»^[9].

Se trató de buscar una personalidad política en el ministerio de Estado que estuviese dispuesta a asumir el cargo de Alto Comisario civil, ya libre de la pesada carga militar. Todos declinaron ese honor y, en consecuencia, el Presidente del Consejo se lo ofreció al propio ministro de la Guerra, general Berenguer, un buen conocedor de Marruecos donde había pasado más de seis años de su vida militar, quien aceptó el puesto.

Su primera acción fue diseñar un procedimiento que, acorde con la misión y las limitaciones políticas, facilitase desarrollar el plan que él mismo había diseñado, y que presentó al Gobierno y detalló a los comandantes generales, en febrero de 1919:

«las posiciones se elegían a instancia de las cabilas y no atendiéndose a exigencias militares [...] No se actuaba en una guerra clásica [...] La misión de España tenía carácter político, más que militar; reducir las cabilas a la obediencia del Sultán en la zona que internacionalmente se le había asignado […] por procedimientos de atracción […] Este sistema de progresión pacífica convertía al Ejército en un instrumento de la política […] Se trata solo de montar una administración; el tránsito del estado de rebeldía al de sumisión es apenas sensible; todo se traduce a nombrar autoridades y establecer la policía indígena que las auxilien y garanticen. Inmediatamente acuden fuerzas del ejército que establecen las posiciones necesarias para dar seguridad»^[10].

Este procedimiento no difería en absoluto del desarrollado por Francia, que recoge el teniente coronel Franc: «la tribu sometida es garante de la seguridad del frente, el puesto, […] es para la tribu el punto de apoyo efectivo al mismo tiempo que moral, […] Con unos efectivos entre 15 y 60 hombres, su implantación es siempre un compromiso entre la proximidad de una fuente de agua y las necesidades de […] sectores de tiro»^[11].

En el modelo jugaban un papel estelar las fuerzas indígenas, en particular las fuerzas irregulares auxiliares, conocidas como harkas. Unas unidades de bajo coste, organizadas por las cabilas con unos 100 guerreros al mando de un caíd, todos de probada fidelidad y escogidos por España. Estas unidades se regularon por RO del 31 de julio de 1914, que contemplaba además las tropas xerifianas, las Fuerzas Regulares y las de Policía Indígena.

Casi coincidiendo con el inicio de las operaciones, el 5 de febrero de 1919 estallaba en Barcelona la huelga de La Canadiense, que se extendió por toda España y que obligó a declarar el estado de guerra en la Ciudad condal y en otras poblaciones. Como hiciese en 1909, el Gobierno decidió emplear al Ejército en la represión, poniéndole en el punto de mira de los revolucionarios.

En marzo de 1919, Lenin fundó la III Internacional Comunista. Entre las condiciones recogidas en el Komintern, para la admisión de los diferentes partidos nacionales figuraba:

«Todo partido perteneciente a la III International tiene el deber de desvelar sin piedad las “proezas” de sus imperialistas en las colonias, de apoyar, no con palabras sino con hechos, todo movimiento de emancipación […], de exigir que los imperialistas de su país sean expulsados de tales colonias, de alimentar el corazón […] las nacionalidades oprimidas y de mantener entre las tropas de su propio país una agitación continua contra la opresión de los pueblos coloniales»^[12].

Sus estatutos, que fueron suscritos por la parte más radical del Partido Socialista Obrero Español, preconizaban además alcanzar el poder en todos los países a través de la «expansión revolucionaria [...] la agitación entre las masas del proletariado y soldados rasos, alzamiento armado y alianza con otras fuerzas de izquierda». Como consecuencia, el 20 de marzo, el Comité Nacional del partido socialista lanzaba una proclama:

«El pueblo español no quiere guerra en Marruecos; […], donde quiera que haya una agrupación socialista, celébrense reuniones públicas de protesta contra la actuación del Gobierno en la cuestión de Marruecos […], la opinión pública española […] reclama insistentemente el abandono de toda acción militar en África»^[13].

Como consecuencia de la huelga revolucionaria de febrero, Romanones dimitió, el 15 de abril de 1919. Desde la finalización de la Guerra Mundial, en cinco meses se habían sucedido tres gabinetes. En marzo, coincidiendo con esa enrarecida situación política nacional, las tropas habían comenzado a operar en el Protectorado, en la zona de Ceuta.

El julio de 1919 se produjo un desagradable contratiempo, cuando El Raisuni, señor feudal que controlaba con mano de hierro la región de la Yebala, atacó la posición de Cudia Rauda. Una acción que supuso la muerte de 36 soldados «europeos». Y, nuevamente, llegaron las soflamas de los contrarios al sistema de la Restauración.

La primera consecuencia fue la destitución del Comandante General de Ceuta, general Arraiz y, el 20 de julio, la caída del gobierno de Maura. Arraiz sería sustituido por el general Manuel Fernández Silvestre, que continuó con éxito la pacificación de la zona occidental, dando como resultado, en octubre de 1919, la conexión de las comandancias de Ceuta y Larache con Tetuán.

Y fue en esas fechas cuando «desde Barcelona habían enviado al Raisuni, […], múltiples hojas del mensaje, […], firmado por el Comité Nacional Catalán, […], animándole a defender la patria marroquina amenazada por España y deseando al rebelde coraje y salud»^[14].

En febrero de 1920, el Alto Comisario se aprestó a iniciar la pacificación en la zona oriental. Y el general Silvestre, a propuesta del Alto Comisario, fue nombrado Comandante General de Melilla. Cuando se estaban planeando las operaciones, el teniente coronel Dávila, jefe de la Sección de Campaña de su Estado Mayor (EM), recogía las noticias publicadas por la prensa, el 22 de mayo de 1920:

«un movimiento revolucionario, un ensayo general del bolchevismo […], las huelgas proliferan por todas partes carentes de pretextos reales, […], ¿Qué más notoria demostración de que andan en el pleito agitadores profesionales? En Barcelona se escalonan las huelgas para llegar al paro general; se hace otro tanto en Valencia, lo propio en Zaragoza»^[15].

En agosto de ese mismo año se iniciaron los avances en la zona de Melilla, que se prolongaron hasta enero de 1921, cuando el general Silvestre alcanzó Annual. El Gobierno, y el Alto Comisario, habían satisfecho, sobradamente, los objetivos marcados para el año 1920.

El año 1921 arrancó en España con una escalada del terrorismo, sólo en Barcelona, murieron 327 patronos y 167 obreros por atentado^[16]; produciéndose además los magnicidios del cardenal Soldevilla, en Zaragoza, y del Presidente del Consejo, Eduardo Dato, el 8 de marzo de 1921.

Mientras, tras los avances en la zona de Melilla se habían ocupado las cabilas de Tafersit, Beni Ulixec y Beni Said, con el resultado de unos 8000 guerreros sometidos. La exquisita labor de atracción política y la excelencia de las operaciones conjuntas demostrativas facilitaron la pacificación de más de 690 km2, prácticamente sin bajas.

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Avances de las tropas de la Comandancia General de Melilla y cabilas frontera ENE-JUL21

Alcanzado Annual, a unos 100 km de Melilla, las fracciones limítrofes de Tensaman y Beni Tuzin, ante la demostración de fuerza de las tropas españolas, manifestaron su adhesión al Majzen y pidieron la ocupación. Silvestre solicitó, durante meses, créditos para mejorar las comunicaciones viarias y la defensa de Annual; y tropas para estabilizar los territorios pacificados y atender a las nuevas solicitudes de ocupación. En concreto pidió cuatro millones de pesetas, un Grupo de Regulares y una harka, la de Alhucemas, así como dos compañías de policía indígena, en total unos 2.300 efectivos.

Nada se le concedió. Al contrario, coincidiendo con la ocupación de Annual, el Gobierno ordenó la licencia del tercer año de servicio en África. Además, la creación del Tercio, en septiembre de 1920, en la zona de Ceuta, tuvo un tremendo impacto sobre la zona oriental, cuando los soldados voluntarios enganchados a las unidades de Melilla se apuntaron en masa a la flamante unidad. Así lo recoge el coronel Riquelme en su declaración ante la Comisión de Responsabilidades:

«El Regimiento que yo mandaba tenía tres compañías de voluntarios, que integraban 350 hombres; para sustituir a los indígenas en un momento determinado, y resultó, en efecto, que el Tercio se llevó gran cantidad, y también los regulares, que son mixtos, […] los voluntarios se marchaban casi todos, y hubo un momento en que a mí me quedaron 100, una sola compañía, y en los demás regimientos por el estilo»^[17].

Con ambas medidas, las tropas de la Comandancia de Melilla perdían unos 6000 efectivos: 4500 soldados veteranos de reemplazo y unos 1200 soldados voluntarios, lo que suponía casi el 30% de sus fuerzas, cuando el territorio a administrar se había incrementado en más de un 40%. La desproporción entre fuerzas y territorio a estabilizar se mostró evidente.

Ello llevó a la paralización de los avances. Y ante la debilidad manifiesta de las fuerzas españolas, Abdelkrim, señor de Beni Urriaguel, comenzó a presionar a las cabilas. En abril contaba con unos 3000 harqueños y para probar su fidelidad atacó el Peñón de Alhucemas. Ante la falta de respuesta de España, en junio, disponiendo ya de unos 4000 adeptos, se aprestó a posicionarse en Abarran. Un monte que dominaba toda la línea del frente y que, finalmente, ante la amenaza que suponía para el despliegue español la intención rifeña, fue ocupado por las escasas fuerzas de Silvestre.

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Izqda. Ataque a Igueriben el 21 de julio y a Annual 22 de julio. Drcha. Estado de fuerzas de la COMGEMEL.

El Comandante General de Melilla informó en varias ocasiones del incremento de la harca y de la debilidad de sus fuerzas frente a ella, y continuó con sus peticiones, que nunca serían satisfechas. Así, la obligada detención de las tropas de Melilla concedió la iniciativa al líder rifeño: el 1 de junio atacó Abarran y el día 2, con unos 11000 guerreros, Sidi Dris, en la costa; el día 18 ocupó la Loma de los Árboles; y el 13 de julio realizó el primer ataque a la fortísima posición de Igueriben, centinela avanzado de Annual.

Mientras, Silvestre comenzó a ponderar el despliegue a vanguardia, desplazando desde la retaguardia algunos los escasos elementos de los que pudo disponer, tras la incorporación de 4500 reclutas ya en mayo de 1921. Y se desesperaba por no ser atendidas sus solicitudes de fuerzas y créditos. El 15 de julio, ante la compleja situación, cuando el el Comandante General de Melilla ya presentía la tragedia, remitió un duro telegrama al Alto Comisario:

« Si […] hubiese tenido […] los créditos para la rápida habilitación de caminos […] Hubiese podido constituirse no solo en camino a Annual sí que también el de enlace Annual-Sidi Dris […] Si además el f.c. […] se hubiese terminado hasta Ben Tieb […] El problema de abastecimiento de Annual se hubiera hecho […] Abd el Krim recibe dinero en abundancia (procedentes de compañías mineras), resulta verdadera paradoja que el enemigo posea recursos metálicos que a mí no se me dan»^[18].

Los ataques a Igueriben continuaron, cuando las cabilas rebeldes bajo el mando de Abdelkrim, sumaban ya entre 12000 y 18000^[19] efectivos. Igueriben cayó el 21 de julio de 1921 y al amanecer del día 22, los rifeños iniciaron el asalto a Annual.

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La prensa se hace eco de los sucesos en Annual (23 de julio de 1921).
Diario El Socialista

Ante la superioridad manifiesta enemiga, contando Silvestre en Annual únicamente con unos 5600 efectivos y escasas municiones, ordenó el repliegue a la línea Quebdani-Ben Tieb-Dar Dius-Telata, 18 km a retaguardia. La operación se desarrolló por el camino, todavía angosto por la falta de créditos, que atravesaba el desfiladero de Izummar. En la operación cayeron cerca 1000 soldados españoles^[20].

Posteriormente, tras la muerte de Silvestre, el general Navarro, segundo jefe de la Comandancia, se hizo cargo del mando. A pesar del duro repliegue, las órdenes de Silvestre permitieron concentrar en Dar Dius más de 4000 efectivos y numerosos pertrechos de boca y guerra.

Avanzada la mañana del 23 de julio, Navarro, sin atender a las intenciones del finado Comandante General, ordenó la retirada hacia Melilla, a unos 70 km. A partir de entonces se consumó la tragedia. El día 29 la columna, destrozada, alcanzó Monte Arruit.

Durante los siete días que se prolongó la marcha, de cerca de 40 kilómetros bajo un sol abrasador, la columna, cargada de heridos y hostilizada por numeroso enemigo, sufrió otros 1000 muertos más. Además, con la evacuación de Dar Drius, multitud de pequeñas posiciones quedaron abandonadas a su suerte, pereciendo en ellas más de 2000 hombres. En total, la decisión de Navarro supuso unos 3000 muertos y desaparecidos.

El 29 de julio se concentraron en Monte Arruit algo más de 3000 efectivos. Mientras, otros 600 permanecían sitiados en Zeluán, a unos 20 km de Melilla. Ambas guarniciones solicitaron reiteradamente el socorro de la plaza, que no fue dispensado. Tras un terrorífico asedio, que se prolongó hasta el 3 de agosto en Zelúan y hasta el día 9 en Monte Arruit, las dos posiciones capitularon, resultando masacradas sus guarniciones después de ser desarmadas.

Así fue como entre los días 22 de julio y 9 de agosto de 1921, las fuerzas españolas sufrieron unos 7600 muertos y desaparecidos y más de 500 prisioneros.

Significar que, a finales de julio, el Alto Comisario reunió en Melilla más de 20.000 hombres^[21]: 19 unidades tipo batallón, incluidas dos banderas de la Legión y dos tabores de Regulares; dos regimientos de Caballería; tres grupos de Artillería, con 48 piezas; varias compañías de Ingenieros; además de diversos elementos de apoyo al combate y unos 4000 supervivientes de la tragedia.

Pues bien, sirva como muestra de la complicada situación política internacional y nacional, la comunicación que el partido comunista francés remitió a líder rifeño tras los funestos sucesos:

«La fracción comunista del Parlamento, el comité central del Partido Comunista […] saludan la brillante victoria del pueblo marroquí sobre los imperialistas españoles. Ellos felicitan a su valeroso jefe, Abd-el-Krim. Ellos esperan que […], continuará, en unión con el proletariado francés y europeo, su lucha contra todos los imperialistas, […], hasta la completa liberación del territorio marroquí»^[22].

4. La apertura del Expediente. Los instructores, los casos de Picasso y Batet.

Ante la presión de la opinión pública, por Real Orden (RO) de 4 agosto de 1921, el ministro de la Guerra, vizconde de Eza, ordenó la apertura de una información gubernativa para el esclarecimiento de los hechos al Consejo supremo de Guerra y Marina, que se la asignó a uno de sus consejeros, el general de división Juan Picasso González.

Tras su desarrollo, y con los indicios que apuntase la investigación, sería llegado el momento, si así correspondiera, de abrir las diferentes causas sumarias y los consejos de guerra.

Pero ¿quién era el general Picasso? Nacido en 1857, no pertenecía al Cuerpo Jurídico, sino que se trataba de un oficial del Cuerpo de EM. Este asunto no es baladí, tal como lo recoge Raguer (1994) cuando presenta las reclamaciones de otro oficial que participó en la instrucción del expediente, el coronel de Infantería Domingo Batet:

«Desde el primer momento Batet pide que le releven de aquella misión […] aduce la irregularidad de su nombramiento de juez instructor, cuando correspondía haber designado a alguien del Cuerpo Jurídico Militar»^[23].

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Coronel de infantería Domingo Batet
Archivo de la familia Batet

Hagamos un paréntesis para conocer algo más sobre las tensiones internas en el Ejército aprovechando la biografía de este coronel de Infantería. Domingo Batet nació en Tarragona, su experiencia en campaña no se alargaba más de dos años en Cuba. Había pasado prácticamente toda su vida militar en Cataluña, nueve años en Tarragona y 12 en Lérida. Será el mismo Raguer (1994) quién llame la atención sobre este aspecto cuando apunta que si no tuviésemos el precedente cubano «parecería que nos hallamos ante un militar burócrata».

Batet intentó acceder al cuerpo de Estado Mayor. Iniciado el curso resultó expulsado de la escuela, por causas que desconocemos. En abril de 1922 fue nombrado para instruir el famoso expediente. El coronel debía preparar las causas sumarias, paso obligado y previo a la apertura por el fiscal militar de los correspondientes consejos de guerra.

En esos años el ejército se hallaba dividido entre «africanistas» y «junteros» y según Raguer (1994), Batet «era muy opuesto a los primeros». En realidad, no era opuesto, sino que sentía un odio atroz hacía los «africanistas». Así se deduce de la lectura de un informe suyo^[24] elaborado entre diciembre de 1922 y enero de 1923. En él, el coronel asevera, generalizando, que «los oficiales de Regulares y del Tercio se sienten valientes a fuerza de morfina, cocaína o alcohol»; sobre el general Sanjurjo dice «que se bate, es valiente, y nada más»; al coronel Riquelme le acusa de fraude, inculpación que el fiscal sobreseyó; al teniente coronel Millán Astray lo tilda de «teatral y payaso»; y sobre el comandante Franco dice que «tiene poco de militar».

Tras propalar «lisonjas» similares sobre otros muchos «africanistas», finalmente Batet sentenciaba que los verdaderos militares había que buscarlos entre las tropas peninsulares. Esta era la forma de pensar de uno de los jueces que participaría en el proceso, instruyendo las causas sumarias de muchos africanistas.

Continuando con la vida de Picasso^[25], ingresó en la Escuela de EM en 1876, con 19 años, siendo promovido al empleo de teniente en 1880. Pasó toda su carrera en diferentes destinos de guarnición, la mayor parte entre Granada (16 años), Málaga (13 años), la Escuela de EM (3 años), y el Ministerio de la Guerra (15 años).

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General Juan Picasso
Colección de herederos de Juan Carlos Picasso López

En el Ministerio sirvió en el Gabinete del ministro -en la Sección de Justicia- y actuó como representante en la Comisión Permanente Consultiva para cuestiones militares de la Sociedad de Naciones.

Picasso no participó en las guerras ultramarinas (Cuba y Filipinas) y hasta 1890 no salió de la península, cuando fue comisionado para replantear los «límites jurisdiccionales de la plaza de Melilla», servicio que desarrolló durante unos cuatro meses (del 23 de diciembre de 1890 al 3 de mayo de 1891), cuando el hinterland de Melilla se encontraba en total tranquilidad.

Su primera, y única, experiencia en operaciones no se produjo hasta 1893, en la Guerra de Margallo, o «Guerra Chica» (octubre-diciembre de 1893), contra las cabilas próximas a Melilla.

El 31 de agosto de 1893, el comandante Picasso fue destinado al EM de la 2ª División, del 2º Cuerpo de Ejército (Málaga). Y tras iniciarse los combates en Melilla, fue agregado al EM de la 2ª Brigada, designada para reforzar a las tropas de la plaza, a donde llegó el 17 de octubre. Diez días después, una parte de su brigada, al mando del general Margallo, Comandante de Melilla, quedó sitiada en el fuerte de Cabrerizas Altas, a unos tres kilómetros del centro de la ciudad.

Aislados y con la línea telefónica cortada, el día 28, el general ordenó a Picasso dirigirse al fuerte de Rostrogordo, a no más de un kilómetro, para tratar de contactar con Melilla. Como fuese que allí tampoco existía comunicación, Picasso galopó hasta la plaza, bajo un nutrido fuego enemigo. Una vez allí, comunicó las órdenes y retornó a Cabrerizas con la columna de socorro, que consiguió romper el cerco y facilitar el repliegue de las fuerzas. Por RO de 26 de enero de 1894 se le concedió la Cruz «Laureada» de San Fernando de 2ª clase.

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Fuerte de Cabrerizas Altas y Fuerte Rostrogordo.Situación Melilla 1893

Picasso volvió a Melilla 16 años después, donde pasó algo más de un mes, como jefe de la Comisión Técnica para «el estudio y elección de las posiciones que conviniese conservar», tras la campaña de 1909. Cumplida su misión retornó a la península.

Picasso era lo que se conoce como un «militar de despacho». En el momento de encargarle la investigación (4 de agosto de 1921), llevaba destinado en el Ministerio de la Guerra unos 11 años. Allí, sirvió, de general de brigada, a las órdenes de Berenguer, primero en la Sección de Justicia y Asuntos Generales, cuando éste ejerció el cargo de Subsecretario del ministerio; y después, en noviembre de 1919, en la Subsecretaría, cuando Berenguer, tras su designación como ministro de la Guerra, eligió a Picasso para sucederle.

Picasso fue ascendido a general de división en febrero de 1921, poco antes de su nombramiento como juez instructor, encontrándose ya, a la edad de 64, años en la situación de reserva.

Pues bien, la RO del 4 de agosto recogía que la investigación gubernativa debía «circunscribirse a los hechos concretos realizados por los jefes (de Coronel a Comandante), oficiales y tropa en las operaciones […] Para deducir las responsabilidades consiguientes en aquellos casos en que no se hubieran cumplido las obligaciones impuestas por las Ordenanzas militares»^[26]. Es decir, que debía centrarse en la actuación de las pequeñas unidades, sin incluir al Alto Mando responsable de las operaciones: el ministro de la Guerra, el ministro de Estado, el Alto Comisario y el Comandante General de Melilla, general Fernández Silvestre.

5. El desarrollo de la investigación. Presión política, mediática y social.

A principios de agosto de 1921, Melilla era un hervidero, pues como se ha mencionado, desde que, el 23 de julio, Berenguer se desplazó a la plaza para hacerse cargo personalmente de la situación había venido acumulando numerosas tropas en la ciudad.

Por otra parte, tras conocerse en la península la noticia del derrumbe de la Comandancia, los medios enviaron con celeridad a sus mejores corresponsales, y incorporándose además varios reporteros independientes. Así, «el 2 de agosto (1921), Ortega y Gasset comenzaba su crónica describiendo el ambiente de Melilla, donde se concentraban gran número de soldados, jefes, oficiales y personal civil, […] los cafés estaban tan llenos, que era difícil encontrar una silla libre»^[27].

Entre esa legión de periodistas se encontraban magníficas plumas, como Augusto Vivero, Juan Guixé, Gómez Hidalgo, Ruiz Albéniz (Informaciones), Alfredo Cabanillas (El Heraldo de Madrid), Juan Luque (Diario De Barcelona), López Rienda (El Sol y La Voz de Madrid), Ortega y Gasset (La Libertad de Madrid), Indalecio prieto (El Liberal de Bilbao y El Socialista), José del Rio Sainz (La Atalaya de Santander)…

Tras recibir la orden de abrir la investigación, el juez instructor, pleno de buenas intenciones, embarcó para Melilla, el 7 de agosto. Cuatro días antes, la guarnición de Zeluán había sido asesinada. El ambiente que se encontró en la plaza no podía ser más tenso. Nada más llegar, Picasso se presentó a la máxima autoridad, el Alto Comisario, general Berenguer.

Mientras, los corresponsales habían comenzado a remitir sus crónicas, creando ya un estado de opinión, que no haría más que complicar el esclarecimiento de los hechos a la opinión pública.

Por su parte, el instructor, antes de iniciar la toma de declaraciones, quería «tratar de inquirir (los hechos) a base de los planes (de operaciones)»^[28]. Para ello, Picasso solicitó al Ministerio de la Guerra los documentos del Alto Mando que consideraba de utilidad para auxiliar la acción investigadora. Comenzó entonces a encontrarse con lo que él consideró «algunas dificultades», cuando recibió la respuesta del ministerio, que él mismo recoge en su resumen, y que no pudo ser más clara:

«no fueron contestadas estas pretensiones, […], la información encomendada a este juzgado no debía extenderse a los acuerdos, planes o disposiciones del Alto Mando»^[29].

El 9 de agosto, era masacrada la guarnición de Monte Arruit. La tragedia se había consumado. Cinco días después, el 14 de agosto, caía el Gobierno de Allendesalazar. Le sucedió Antonio Maura, con De la Cierva como ministro de la Guerra.

Tampoco ayudaría al desarrollo de la investigación el contexto global. Tras la guerra mundial, la enorme mortandad que supuso el conflicto generó una ola de pacifismo en toda Europa que, aprovechada por los movimientos revolucionarios, hizo temblar los cimientos de todos los sistemas parlamentarios en Europa.

Las masacres de Zeluán y Monte Arruit no harían más que impulsar ese ambiente en España. Y las masas populares agitadas reclamaron responsabilidades. Mientras, Picasso persistía en sus demandas sobre los planes del Alto Mando, que el 15 de agosto solicitó al Alto Comisario. La negativa de Berenguer llevó al juez instructor a emplear otras fuentes y su propia lógica:

«como a esta comunicación no se ha dado contestación […] se ha visto obligado este juzgado a entrar en el terreno de las inducciones […] como quiera que los informes confidenciales que solicitara […] han tenido publicidad en la prensa […] el Heraldo de Madrid […] se cree autorizado a hacer uso de dichos antecedentes, aun cuando de un modo oficial no le hayan sido facilitados»^[30].

El día 20 de agosto, Picasso iniciaba de facto la investigación en Melilla, cuando el General en Jefe […] (Berenguer), en orden telegráfica previene al Comandante general del territorio (general Cavalcanti) que todos los prisioneros rescatados y cuantos se presenten en la plaza procedentes de campo enemigo comparezcan, antes de conversar con persona alguna, ante el juzgado a hacer las consiguientes declaraciones sobre sus vicisitudes».

A partir de entonces, Picasso debía tomar declaración a los más de 800 testigos supervivientes. Finalmente, en el famoso expediente sólo se consignarían 161 declaraciones.

No obstante, el instructor persistía en extender la investigación al Alto Mando, lo que solicitó al nuevo gabinete. Y recibió respuesta. Por la RO de 24 agosto, el ministro de la Guerra le reiteró las directrices de su predecesor de ceñir la investigación al comportamiento de las pequeñas unidades.

En el ambiente de presión local, nacional e internacional descrito, el equipo instructor comenzó a tomar declaraciones. Indalecio Prieto, corresponsal en Melilla, daba su impresión sobre el hecho:

«Prisionero rescatado, soldado que vuelve, se está tres horas delante del general Picasso. Cada uno cuenta lo que le ocurrió en Annual, […] en Zeluán, […] en Nador»^[31].

Cualquiera puede imaginar la tremenda tensión bajo la que declararían los testigos, mucho mayor cuanto más alto fuese el cargo o el empleo ostentado. Tras haber vivido momentos terribles, debían declarar ante un general, pudiendo ser acusados de cualquier responsabilidad.

Para acabar de dificultar el trabajo de Picasso, los periodistas en Melilla hablaban con cualquier testigo que llegaba a la plaza, paisano o militar, ya fuese jefe, oficial, clase o tropa. Y recibían filtraciones, atentos a cualquier información que afectase al proceso.

Todos atendían a sus medios de acuerdo con las diferentes líneas editoriales, corrían los bulos y las críticas, contra todo y contra todos. Tal vez sea Indalecio Prieto quién mejor describe la urgente necesidad de remitir información, cuando en su primera crónica apunta:

«A las cuarenta y ocho horas de mi estancia en Melilla, persuadido de que es inútil confiarse al telégrafo, cojo la pluma para transcribir a toda prisa, desordenada y confusamente, las impresiones recogidas durante estos dos días. Y confieso que, por sonrojo, voy a apartarme de escarbar más en el fondo cenagoso del desastre […], huida sin precedentes, dispersión alocada, torrente de pánico que lo arrolló todo y no respetó nada. A navajazos se disputó la posesión de mulos y caballos para huir. Deber de quien tenga una representación política es inquirir las causas que produjeron tan vergonzosos efectos […] Francisca Sevilla y Francisca Díaz, dos ancianas habitantes en las casas de la mina Setolazar, llegadas ayer después de un cautiverio de mes y pico, han referido detalles interesantes».

Mientras, Picasso volvió a insistir sobre el asunto de las responsabilidades del Alto Mando cuando, durante la primera visita a Melilla del nuevo ministro de la Guerra, Juan de la Cierva, le reiteró personalmente su solicitud. El 1 de septiembre, el Ministro emitía una nueva RO, que recogía:

«despejando así, en lo estimado esencial, la atribución del juzgado y precisando que. […] la información en nada debía relacionarse con los acuerdos y planes del Alto Comisario, jefe del Ejército de África, se contraería a los hechos relacionados con el personal del mismo, sin excepción alguna»^[32].

Quedaba así el general Berenguer exonerado de cualquier investigación y el Comandante General de Melilla, Fernández Silvestre, como máxima autoridad militar investigable. Una orden extraña cuando Berenguer había sido nombrado Inspector del Ejército de África, por RD de 24 de agosto de 1920, coincidiendo con el inicio de las operaciones en la zona oriental.

El caso resulta más flagrante, pues fue el propio Berenguer quien solicitó esa responsabilidad. Primero, y en varias ocasiones, a los diferentes ministros de la Guerra, y finalmente al ministro de Estado. La carta previa a su nombramiento, remitida a esa autoridad, está fechada el 4 de junio de 1920:

«Se hace necesario [...] una autoridad […], que unifique la acción [...] esa persona no puede ser otra que el Alto Comisario, general en jefe del Ejército de África [...] Un Alto Comisario persona civil puede estar exento de responsabilidad militar, un Alto Comisario militar [...], no puede estar libre de esa responsabilidad [...] es necesario que en mi mano esté el mando militar en toda la amplitud de sus atribuciones [...] le ruego [...] que interceda cerca del ministro de Guerra y del Gobierno para que se me concedan las atribuciones que solicito»^[33].

Volviendo al desarrollo del Expediente, quedaba así zanjada la petición de Picasso. Pero surge aquí la duda al estudioso: ¿Qué movió a Picasso a tratar de extender tan insistentemente las investigaciones al Alto Mando? ¿Hasta quién quería llegar? ¿Qué le dijo al Ministro para que la investigación alcanzase únicamente al General Silvestre? Y ¿Por qué quedó entonces satisfecho? Tal vez avanzando en este trabajo podamos encontrar alguna respuesta.

Durante el desarrollo de la investigación, Picasso se topó con nuevos contratiempos, ahora referidos a la actitud de los testigos llamados a declarar y al contenido de sus declaraciones:

«Desaparecidas, prisioneras o muertas guarniciones y columnas y unidades enteras, librado de la catástrofe contado personal […], no se ha contado en todos los casos con medios directos o autorizados de información, ni todos los testigos llamados a declarar […] lo han hecho con la espontaneidad, sinceridad e independencia que desear hubiera sido»^[34].

Ello no facilitó en absoluto extraer conclusiones respecto al comportamiento de los jefes de unidades y posiciones y, en principio, se puede interpretar que tampoco, y con mayor razón, en lo referente a la actitud del Comandante General. Por ello, el juez instructor se vio obligado a conjeturar, como él mismo apuntaba en su resumen:

«habiendóse procurado fijar los hechos con la mayor fidelidad […] pues dado que al sentar sus conclusiones no sean […] todo lo concretas que fueran de desear, tocante a personas responsables […] obedece a que […], si bien los testigos han sido pródigos […] lo han sido siempre en su interés particular o bajo un concepto abstracto […] obligando esto […] a proceder por deducción o mera inducción»^[35].

Así, en las primeras páginas de su informe, Picasso concretaba que todo ello «hacía difícil, cuando no imposible, personalizar» en lo que a las responsabilidades se refería, para finalmente aseverar que «tratar de asentar el juicio, cosa no siempre lograda en el grado de precisión que hubiera sido de desear y requería el establecimiento de hechos tan trascendentales».

El día 6 septiembre, escasamente un mes después de la llegada de Picasso a Melilla, el ministro de la Guerra remitió un telegrama, con sello de «personal y reservado», en forma de Real Orden, al general Berenguer, Alto Comisario de España en Marruecos:

«es mi propósito, […] que se juzguen esos tristes hechos con toda imparcialidad, serenidad y necesaria extensión, […] los datos […] que sobre cada uno de esos casos aparezcan […], con caracteres de delito, se sometan […] a instrucción judicial, […], formar tantos procesos como hechos acreditados ofrezcan caracteres singulares. Para ello el general Picasso deberá dar cuenta a V.E. de cada uno de esos hechos […] Ruego traslade al general Picasso este telegrama […]»^[36].

Y de acuerdo con la orden recibida, el Alto Comisario remitió el telegrama a Picasso. De esta forma, la información recogida por el instructor se comenzó a enviar al Alto Comisario. Este hecho fue definido por el fiscal militar del Consejo Superior de Guerra y Marina como un error del ejecutivo, argumentando que la «jurisdicción de Guerra» no correspondía al Alto Comisario, de acuerdo con el Código de Justicia militar, ya que esta radicaba únicamente en los Comandantes generales»^[37].

Según el fiscal, se produjo además «otro error importante» que fue interpretar que ese telegrama personal y reservado trasmitido de oficio por el Alto Comisario al general Picasso tenía el carácter de Real Orden. ¿Fueron fortuitos estos errores o, por el contrario, fueron intencionados? En cualquier caso, a partir de ese momento Picasso pasó a depender de facto, que no de iure, del Alto Comisario, en lugar de hacerlo del Ministro, y Berenguer conoció todas las posibles inculpaciones al Alto Mando que se podrían deducir de las declaraciones.

El asunto constituye un nuevo sesgo en las conclusiones del famoso expediente. Extendida ahora la investigación al Alto Mando militar, únicamente podían existir dos responsables de tan graves sucesos: el Alto Comisario, ya exonerado y que además supervisaría el curso de la investigación, y el Comandante General de Melilla, que muerto en Annual no podría defenderse de las acusaciones.

El día 18 de enero de 1922, finalizada la recopilación de declaraciones de los testigos, cuando el juez instructor se preparaba para partir hacia Madrid, se despedía del Alto Comisario, ya se había desplazado a Tetuán:

«Mi querido General y amigo: Ayer fue librado el último testimonio de la primera serie, que debo remitir a usted, […] regreso a Madrid con el personal del Juzgado […] En víspera, pues, de la partida cumplo el grato deber de despedirme de usted, ofrecerle mis respetos, felicitarle muy sinceramente por sus bien conquistados éxitos y repetirme como siempre a su disposición con el deseo vehemente de su bien merecido ascenso (a Teniente General), afectísimo amigo s.s., q.e.s.m., Juan Picasso»^[38].

Resulta evidente la admiración de Picasso hacia Berenguer, probablemente alimentada desde sus tiempos de destino conjunto en el ministerio de la Guerra. Este sentimiento era reciproco, tal y como se muestra en las reflexiones personales que el Alto Comisario recogió en sus memorias, publicadas en 1923, después de presentarse las conclusiones del famoso expediente:

«(Picasso) Hombre que, por su […] recto concepto de la justicia, supo alcanzar lugar preeminente en la conciencia de sus conciudadanos (por las conclusiones de su trabajo), […] el que esto escribe (Berenguer), ya lo había elegido como colaborador, al ser designado, […] para el más alto cargo de la Milicia (ministro de la Guerra)»^[39].

No resulta difícil deducir que la relación entre ambos generales, el instructor y uno de los posibles responsable, iba mucho más allá del trato profesional. Una circunstancia que afectó al desarrollo de la investigación. Berenguer leía todos los informes y sin duda «asesoró» en cuantos aspectos pudo a Picasso, ya que en el texto del resumen del famoso expediente que elaboró el juez instructor, se encuentran párrafos, casi textuales, de las memorias personales publicadas por Berenguer en 1923.

¿Pudo ser esta la razón de Picasso para tratar de extender su investigación solo hasta el Comandante General? ¿Trataba así el juez instructor de proteger a quien había sido su Jefe y a quién ahora trataba de amigo?

Por otra parte, en esas fechas, el ministerio de la Guerra no estaba en absoluto conforme con el ritmo de las investigaciones. Y conociendo ya que la toma de declaraciones había finalizado, ante la presión mediática, política y social, decidió acelerar la instrucción del proceso, nombrando un equipo constituido por cinco jueces de diferentes armas, los coroneles Morquillas, Dehesa, Batet, Jiménez y Gutiérrez.

El 4 de abril los cinco instructores se incorporaron a Melilla para elaborar «los expedientes y (causas) sumarias de las colectividades (los diferentes regimientos, las fuerzas regulares o la policía) que pasaran todos al Coronel Jurídico, Sr. Fernández Hidalgo»^[40].

Mientras, el expediente gubernativo fue remitido por Picasso al Consejo Supremo de Guerra y Marina que, el 21 de abril, promulgaba una Real Orden Comunicada enviándoselo al fiscal militar y togado de ese consejo, para que iniciase su trabajo.

Mientras, el equipo de instructores en Melilla continuaba con su labor. Y el 9 de julio de 1922, la Orden del Día de la Comandancia de la plaza anunciaba la llegada del auditor general del Ejército de operaciones en Marruecos, general José Muñoz Repiso, recogiendo el objeto de la visita:

«proceder al estudio personal de la tramitación de asuntos judiciales relacionados con los sucesos ocurridos en este territorio el mes de julio del año último y proponer medidas urgentes respecto a dicha tramitación»^[41].

Según Raguer (1994), la visita del auditor se tradujo en una cuasi reprimenda para excitar el celo de los jueces (equipo de instructores) para que acelerasen su trabajo. En ese mismo mes, el coronel Batet remitía una carta al Alto Comisario en la que exponía que le habían sido entregadas doce informaciones y causas y que no disponía de personal especializado para ayudarle:

«labor tan prolija y compleja, aparte de personal muy apto, requiere una gran capacidad intelectual que el que informa confiesa carece de ella […] ante la imposibilidad material de atender a todos los procedimientos cuya tramitación me han confiado, dedico toda mi atención a seis de ellos»^[42].

Resulta evidente que, ante la tremenda reclamación social y política, el ministerio buscaba acelerar el inicio de los consejos de guerra. Ante la insistente presión, el 31 de julio de 1922, el coronel Batet reclamó, mediante una moción, dirigida al Alto Comisario, entonces el general Burguete, el cese de los cinco jueces instructores extraordinarios. Una petición que Batet reiteraría el 10 de agosto, y en varias ocasiones más, proponiendo su sustitución por coroneles y tenientes coroneles con destino en Melilla.

El 27 de noviembre de 1922, el equipo de instructores recibió un oficio firmado por el general secretario del Consejo Supremo de Guerra y Marina, lamentando el retraso de los procesos. Dicho documento, que le fue remitido a Batet a través del EM de la Comandancia de Melilla, estaba dirigido al Alto Comisario y, entre otras cosas, decía que:

«dada la gran trascendencia pública de aquellos sucesos (Annual) he acordado llamar sobre estos particulares la atención de V.E. por si estimase oportuno excitar el celo de los instructores»^[43].

El equipo de instructores soportaba así una tremenda presión, no solo del mando, sino también social, que se mantuvo durante todos los meses en los que se prolongó la investigación. Y que culminó el 10 de diciembre de 1922, con la macro manifestación convocada por el Ateneo de Madrid El rotativo El Sol presentaba el objeto de la convocatoria: «para que no se malogre el proceso de las responsabilidades por los descalabros de Marruecos […] es el primer acto […] que ha de juzgar a los culpables políticos». Resultaba difícil que los instructores pudiesen sustraerse de la tremenda presión política y social.

Entre las 30 asociaciones que impulsaron la manifestación se encontraban los siguientes asociaciones y partidos: Sociedad de Escuelas Laicas, Asociaciones Feministas de España, Comité Pacifista, Logia Gran Oriente Español, Minoría Municipal de la Izquierda Liberal, Casa del Pueblo y Centros Instructivos Republicanos y Radicales, Juventudes Reformistas, Federación de Obreros del Ayuntamiento de Madrid, Unión General de Trabajadores, Partido Republicano, Partido Comunista y Republicanos Federales.

En diciembre de 1922, tras llegar al Gobierno José Sánchez Guerra, Batet pidió nuevamente su cese como juez instructor al general presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Francisco Aguilera. Y en esas fechas, desesperado, hizo lo propio mediante una «confesión», con sello personal y reservado, dirigida al cardenal tarraconense Francesc d´A Vidal Barraquer, pidiéndole que emplease todas sus relaciones para conseguir su cese como instructor. Un documento que recoge Raguer (1994) y en el que Batet llega a apuntar que, si no se atiende a su petición, se verá obligado a «acudir a la prensa o entregar el asunto a algún parlamentario»^[44].

En enero de 1923, el coronel Batet opinaba que para terminar los procesos se requieran dos años, concretando que «hará falta el testimonio de los presos (retenidos en Axdir desde agosto de 1921), sobre todo el del general Navarro»^[45]. Pues bien, los consejos de guerra se iniciaron ese mismo mes de enero, cuando el día 25 arrancó la causa contra el coronel Jiménez Arroyo. Las prisas del Gobierno resultan así evidentes. Y por supuesto no se tomó declaración a los más de cuatrocientos presos liberados en ese mismo mes de enero de 1923.

Entre ellos se encontraban no solo el general Navarro, segundo Jefe de la Comandancia de Melilla, sino también otros importantes protagonistas, como el teniente coronel Pérez Ortiz, jefe del regimiento San Fernando en Annual; y el capitán Sainz, jefe de EM de la columna de Navarro durante la retirada de Dar Drius a Monte Arruit.

No obstante, las memorias de ambos oficiales, Pérez Ortiz y Sainz –esta última refrendada por el general Navarro-, redactadas tras el cautiverio permiten aportar nueva luz a los hechos, contrastar diferentes declaraciones y seleccionar aquellas que facilitan el esclarecimiento objetivo de los sucesos.

Se puede concluir que todo el proceso estuvo protagonizado por precipitación, dada la enorme presión mediática, política y social: en escasos cinco meses (agosto de 1921- enero de 1922) Picasso tomó declaración a los cerca de 800 testigos; en otros tres (enero-abril de 1922) preparó el informe para el Consejo Superior de Guerra y Marina; en otros cuatro (abril-julio de 1922), el fiscal militar emitió el suyo; y en otros ocho (abril de 1922-enero 1923), aún con el trabajo inconcluso del equipo de instructores, se iniciaron los consejos de guerra.

Señalar que las conclusiones de Picasso determinaron 36 causas sumarias. Finalmente el fiscal togado, incrementaría el número en 39 más, completando un total de 75 consejos de guerra. Para contextualizar las cifras apuntar que, en julio de 1921, la guarnición de Melilla contaba con 857 generales, jefes y oficiales, de los que 353 murieron en combate y 43 cayeron prisioneros.

6. La acusación al rey y las exculpaciones.

Durante el tiempo que Picasso estuvo elaborando el expediente, los corresponsales no perdieron el tiempo. Y las crónicas periodísticas se transformaron en obras, publicadas todas ellas mucho antes de la finalización de la investigación (entre 1921 y 1922), con la intención de aumentar las tiradas de los medios e influir en la opinión pública. De esta forma se desarrolló un proceso paralelo.

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Obras publicadas entre 1921 y 1922 referentes a la tragedia de Annual
Elaboración propia

Entre esas publicaciones se pueden citar: Vivero, El derrumbamiento; Ortega y Gasset, Annual. Relato de un soldado e impresiones de un cronista; Ruiz Albéniz, Las responsabilidades del Desastre. Ecce Homo; Gómez Hidalgo, La tragedia Prevista; Indalecio Prieto, Crónicas de guerra. Melilla 1921; Guixé, El Rif en sombras. Lo que yo he visto en Melilla; o Cabanillas, La epopeya de un soldado. Desde el desastre de Annual hasta la reconquista de Monte Arruit.

De ellas, algunas constituyen verdaderos trabajos de investigación periodística, mientras que otras no son más que sensacionalistas panfletos propagandísticos. En cualquier caso no hicieron más que contribuir al marasmo informativo y generar el desconcierto en la opinión pública.

Sirva como botón de muestra unos apuntes de Guixé: «se han perdido cerca de 20.000 hombres […] a estas horas hay cerca de 7000 españoles prisioneros»^[46], cuando los muertos no superaron los 8000 y los prisioneros fueron 511^[47].

En estas publicaciones se acusa a todos: al Ejército de forma generalizada, desde los altos mandos a los oficiales; al Jefe del Gobierno, al ministerio de Estado y al de Guerra, al propio sistema de la Restauración, incluso al mismo monarca. Y todos, salvo el rey, que nada tuvo que ver con los hechos, trataron de evadir su responsabilidad.

Llegados a este punto, resulta obligado realizar un paréntesis para tratar sobre la supuesta implicación real en los sucesos de Annual, en julio de 1921.

Fueron los partidos y los grupos contrarios al sistema de la Restauración los que, con premeditado cálculo político, difundieron la idea. Los mismos que habían puesto todo tipo de trabas a la acción interventora ahora reclamaban responsabilidades, al más alto nivel, lo que no deja de resultar sorpresivo. Se acogía así una nueva estrategia orquestada para derribar al sistema de la Restauración, atacando a su principal sostén, la Corona.

Las alusiones a la implicación regia aparecieron, de forma más o menos velada, en los diferentes procesos, en algunos discursos en las Cámaras y en la prensa. Uno de los principales divulgadores fue Indalecio Prieto -diputado del partido Socialista-, que resultó secundado por algunos intelectuales, como Unamuno.

Para ello, Prieto empleo las crónicas que elaboró desde Melilla para El liberal de Bilbao y El Socialista -órgano de difusión del PSOE-, durante los días que sucedieron a los aciagos sucesos de julio de 1921. Luego espolearía a los diputados desde su asiento en la Cámara, reclamando en sede parlamentaria la Comisión de Investigación de las responsabilidades políticas, que debería alcanzar hasta el rey.

La estrategia respondía a la lógica simplista pero efectiva de propagar hasta la saciedad la relación directa entre la acción del Protectorado, es decir el intervencionismo, y los hechos sucedidos en Annual, como si lo primero acarrease indiscutiblemente lo segundo.

En esta línea se acusó al Rey de impulsar la política intervencionista. Y era cierto. Tras la pérdida de los últimos territorios ultramarinos, Alfonso XIII llegó al trono, en 1902. El soberano era partidario de que España recuperase el lugar que por historia le correspondía en el concierto internacional. Así, el monarca apoyó decididamente la opción del Gobierno de intervenir en el Protectorado. Pero poco tuvo que ver ese asunto con los sucesos de Annual

La segunda acusación afecta al nombramiento de los generales Berenguer y Silvestre para ocupar los cargos en el Protectorado: el primero como Alto Comisario Civil, representante de España en Marruecos; el segundo como Comandante General de Ceuta y, posteriormente, de Melilla, argumentándose en todos los casos que los nombramientos respondían a una relación personal entre los generales y el monarca.

Esa relación resultaba igualmente cierta, pero también lo era que el rey no hizo sino cumplir la Constitución, y firmar los RD de nombramientos a propuesta del Gobierno, que era el único responsable de ellos y de la política marroquí. Así, el Gobierno consideró los méritos de ambos generales. En el caso de Berenguer, por entonces ministro de la Guerra, probablemente era el único político con conocimientos profundos sobre la situación en Marruecos, donde había pasado más de seis años de su vida^[48].

Por su parte, Silvestre era considerado uno de los generales de mayor prestigio nacional en el momento de su nombramiento como Comandante General de Ceuta. Había servido en Marruecos más de once años ininterrumpidamente (1904-1915), desde el empleo de comandante hasta su ascenso a general de brigada. Había mandado unidades indígenas y metropolitanas y conocía ambas zonas del protectorado español (Melilla, Larache y Ceuta) y parte del francés, por haber ejercido como jefe de instructor de la policía del puerto de Casablanca. Cuando con 49 años el general de división Manuel Fernández Silvestre muere el Annual, había pasado más de 14 años de su vida operando en Marruecos^[49].

La tercera acusación resulta aún más pueril, y se encuentra relacionada con las felicitaciones personales que S.M. remitió a Silvestre y Berenguer cuando ambos lograron sonados éxitos durante la campaña. Unas felicitaciones en base a cartas personales que respondían al fiel cumplimiento de la RO del Ministerio de la Guerra, de 15 de enero de 1914, que contemplaba:

«El Rey, impulsado por su interés y amor hacia el Ejército y como jefe supremo del mismo, interviene directa y constantemente en cuanto se relaciona con las tropas, […], demostrando especial complacencia en estimular al que contrae relevantes méritos. Con este motivo y en determinadas ocasiones […] se digna honrar a los generales, jefes y oficiales, dirigiéndose a ellos directamente o por carta o telegrama para hacerles manifestación de su aprecio; […], es la voluntad de su majestad que a los dichos generales, jefes y oficiales, […], se les autorice para contestarle también directamente sin intervención de persona alguna».

Por supuesto, las cartas y telegramas no se dirigieron únicamente a los citados generales.

Finalmente, se acusó al rey de injerencias en las operaciones. Basta con ojear los diarios de Berenguer y de Dávila para echar por tierra dicha inculpación. Todos los planes y órdenes, tanto del Alto Comisario como del Comandante General de Melilla, siguen la cadena de Mando, y se encuentran sancionados por los ministerios de Estado y Guerra y, en su caso, dotados económicamente por el Parlamento, como era preceptivo. Referido a esas acusaciones, ya en el exilio, el rey declararía:

«No me arrepentiré nunca de mi obstinación en mantener el honor y la presencia de España en aquel pedazo africano que, más tarde, sin las trabas parlamentarias habría de consolidarse con gloria […] Acaso de lo único que tengo de arrepentirme es de haber observado escrupulosamente los artículos de la Constitución».

Por todo ello se puede respaldar con rotundidad la aseveración de Seco Serrano, quien apunta:

«está demostrada la no participación real en los sucesos»^[50] y concluir que el intento de implicación regia constituye un caso claro de instrumentalización política, con la finalidad de derrocar al sistema establecido.

Volviendo al asunto de las exculpaciones, el vizconde de Eza, ministro de la Guerra, acusado de abandonar al Ejército de Marruecos y de no proporcionarle los medios necesarios para cumplir la misión que el propio Gobierno le había encomendado, apuntaba: «¿Era de elementos de lo que se carecía allí, o de pericia para manejarlos? [...] el Ministerio de la Guerra jamás regateó a Marruecos los elementos de acción indispensables»^[51].

La contestación a la pregunta del ministro la responden los hechos. Entre julio y septiembre de 1921, tras el desastre, se pusieron a disposición del general Berenguer 50000 efectivos en Melilla, y el presupuesto para las operaciones pasó de 191 millones de pesetas, en 1920, a los 520 que finalmente se consignaron en las operaciones de 1921. Se desplegaron varios grupos de artillería, incluida artillería pesada, el número de aeroplanos ascendió a medio centenar y, además, se organizó una flotilla naval, contando con cruceros y acorazados.

El resultado fue que entre septiembre y diciembre de 1921 se pacificó el territorio perdido, actuando contra las mismas cabilas que ocasionaron los funestos sucesos Annual solo algunos meses antes. Resulta evidente que el Ejército era el mismo, con sus defectos y virtudes, y que el empleo de los medios resultó muy similar. ¿Sería por tanto la falta de recursos lo que llevó al derrumbe de la Comandancia General de Melilla?

Resaltar que en los meses inmediatos a los sucesos de Melilla -entre enero y mayo de 1921- Silvestre dispuso unos 15 400 efectivos, que, en junio de 1921, de acuerdo con los estados de fuerza de la Comandancia General de Melilla, se incrementaron hasta algo más de 19 900, cuando, tras la jura de bandera (mayo de 1921), se incorporaron unos 4500 soldados bisoños; el número de aeroplanos eran seis y contaba con una única unidad naval, el cañonero Laya.

Por su parte, los representantes del ministerio de Estado, encargados directos de la política de relación con las cabilas, también se exculparon. Para ello aprovecharon la Comisión de Responsabilidades del Congreso. Una investigación parlamentaria organizada para aclarar responsabilidades en el nivel político, que finalmente no se concretó y que poco aportó.

Sirva como muestra la declaración de Manuel Aguirre de Cárcer, quien en las fechas de los sucesos ostentaba el cargo de jefe de la Sección de Marruecos del Ministerio de Estado. El 13 de julio de 1923, en su comparecencia ante la Comisión de responsabilidades, Aguirre, a una pregunta del presidente de la Comisión, Sr. Mateo Sagasta, declaraba sin ningún rubor:

«A mi juicio, el desastre de Annual es un desastre puramente militar y, por consiguiente, las responsabilidades que de él se deriven, si algunas hubiera –que yo no estoy calificado para afirmarlo ni negarlo- habrían de tener un carácter militar y tendrían que referirse a los elementos directivos de la acción militar […] Yo veo aquí una serie de factores de carácter estrictamente militar»^[52].

También el Alto Comisario tuvo tiempo de justificar su actuación. En 1923, Berenguer, conociendo ya toda la urdimbre del famoso expediente, publicó su obra exculpatoria Campañas en el Rif y en Yebala 1921-1922.

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Campañas en el Rif y en Yebala 1921-1922.
General Berenguer 1923

Un volumen que, en 266 páginas, recoge su actuación en las fechas de los sucesos, haciendo mención expresa a sus relaciones con los ministerios de Estado y de la Guerra, y a las órdenes que dictó al Comandante general de Melilla presentando numerosas cartas y telegramas, así como reflexiones personales. Significar que, como se descubrió después, esta correspondencia se encontraba incompleta y, en casos, tergiversada.

De esta forma todos los que tenían atribuciones de mando se exculparon: el ministro de la Guerra, el ministerio de Estado y el Alto Comisario, únicamente Silvestre no pudo defenderse, por haber muerto en el mismo campamento de Annual, a última hora de la mañana del día 22 de julio. Y así, España contó con sus «chivos expiatorios»: el Ejército de África y, en particular, el Comandante General de Melilla, que quedó, prácticamente, juzgado y sentenciado.

En suma, desarrollada la investigación como se ha presentado aparecen numerosas circunstancias y sesgos como para poner en duda las conclusiones del famoso expediente, mucho más los juicios y valoraciones referidas al Alto Mando que dirigió las operaciones, el Comandante General de Melilla Manuel Fernández Silvestre.

Entre ellos:

• La presión política, social y de la cadena de mando, que se manifesto a lo largo de todo el proceso.

• Cosecuencia de lo anterior, la celeridad con la que se desarrolló la investigación, que conllevó la dificultad para contrastar las declaraciones utilizadas por el instructor, y, por tanto, al error en sus juicios.

• La falta de preparación y conocimiento de algunos instructores para enjuiciar aspectos relacionados con las operaciones en el complejo escenario marroquí.

• La carencia de los planes y órdenes de operaciones de todos los escalones de mando: Ministerio de Guerra, Ministerio de Estado, Alta Cmisaria y Comandancia General de Melilla, que obligó al juez instructor a entrar «en el terreno de las inducciones».

• La actiud de los testigos, que declararon «siempre en su interés particular o bajo un concepto abstracto», y que obligó a Picasso a «proceder por deducción o mera inducción», en lo «tocante a personas responsables».

• El comunicado del ministro al Alto Comisario para que el juez instructor le remitiese los productos de la investigación, así como la especial relación entre Berenguer y Picasso.

• La limitación a Picasso de ampliar las investigaciones al Alto Mando, incluyendo únicamente al Comandante General.

Lo más llamativo es que si se profundiza en el expediente –la información contenida en los documentos y en las declaraciones, que resulta numerosa y valiosa- se puede llegar a conclusiones muy diferentes de las extraídas por Picasso.

7. El expediente y el Resumen. Descripción y análisis.

Entre el 4 de agosto de 1921 y el 18 de enero de 1922 Picasso permaneció en Melilla tomando declaraciones, y entre esa última fecha y el 18 de abril de 1922, organizó toda la información. En total invirtió algo más de ocho meses en desarrollar esta compleja investigación.

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Expediente Picasso en el Portal de Archivos Españoles
Portal de Archivos Españoles

Según el escrito de recepción del expediente, emitido por el Fiscal militar, tras su recepción el 24 de abril de 1922, el legajo final constaba de 10 piezas, más otros dos documentos titulados Notas y Testimonio. En total 2393 folios numerados a «folio vuelto», anverso y reverso, de ellos 2148 pertenecen a las diez piezas principales y los otros 245 a las dos accesorias.

Figura 14
Documentos Expediente Picasso
Portal de Archivos Españoles

En diciembre de 1922, el Gobierno de Sánchez Guerra, ante las exigencias de determinados partidos, decidió remitir el expediente al Congreso, para el desarrollo de una Comisión de Investigación de nivel político en sede parlamentaria.

En 1923, tras la proclamación del Directorio Militar, el expediente se dio por desaparecido. Según Balado (2021), Bernardo Mateo Sagasta, presidente de la comisión de investigación de 1923, lo trasladó de los archivos del Congreso y lo ocultó en la Escuela Especial de Ingenieros Agrónomos, de la que era director. Allí permaneció hasta la llegada de la Segunda República, cuando lo devolvió al Congreso.

En 1933, el famoso expediente todavía coleaba, cuando las Cortes determinaron que los sumarios pasasen al Tribunal Supremo, que abrió una instrucción para depurar las responsabilidades políticas por los sucesos de julio 1921. Ya en 1935, el Alto Tribunal dictaminó que, por tratarse de hechos ya juzgados –en realidad únicamente se juzgó a la Institución armada- se procedía a su archivo. Y sobre las responsabilidades políticas, determinó que responderían «al juicio de la historia, y sólo exigibles por la opinión pública».

Durante la Guerra Civil, y las décadas posteriores, se desconoce lo que ocurrió con el célebre expediente. Ya en década de 1980 fueron muchos los que trataron de encontrarlo. El informe Picasso fue recuperado en su totalidad y transferido al Archivo Histórico Nacional en 1990.

Uno de los primeros estudiosos en descubrirlo fue el teniente de Infantería Rafael Ángel Contreras, estando destinado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, en el año 2000. Tras varios años de estudio publicó la obra titulada Intrahistoria del Desastre de Annual (2017). Actualmente el expediente se encuentra totalmente digitalizado y accesible en el Portal de Archivos Españoles, PARES | Archivos Españoles (mcu.es).

El voluminoso expediente, en la práctica lo constituyen 5403 folios digitalizados, unos escritos a mano y otros a máquina. Entre sus diez piezas y las dos suplementarias se encuentran las 167 declaraciones y relatos^[53] (algunos testigos declararon en dos ocasiones) que el juez instructor decidió consignar, a más de telegramas, partes, órdenes, mensajes, escritos, croquis de las posiciones y estadillos de fuerza. Y constituye, en su conjunto, un documento muy complejo y difícil de manejar para desarrollar una investigación. Sobre su estructura, Indalecio Prieto apuntaba:

«Y se van cosiendo y cosiendo pliegos, sin orden ni concierto […] Quien pretenda enterarse de lo ocurrido en la zona de Melilla […] habrá de dedicar un par de años a la lectura […] veinte generaciones de ratones harán sus nidos en esta montaña de papel»^[54].

na vez finalizada la investigación, incluyendo el análisis del fiscal togado, se elaboró un documento titulado Resumen del Excmo. Sr. General de División D. Juan Picasso González referente al expediente instruido por él con motivo del abandono de posiciones en el territorio de Melilla los meses de julio y agosto, que se corresponde con folios del 2171 al 2417 del expediente y que resulta mucho más manejable. Este documento fue remitido al congreso el 3 de noviembre de 1922.

Este resumen tuvo una amplia difusión a partir de 1931, cuando fue publicado por Javier Morata Pedreño -editor de otras obras, como Una vida heroica: Pablo Iglesias o Presente y futuro de la Unión General de Trabajadores-, con el título de El expediente Picasso. De Annual a la República. Las responsabilidades de la actuación española en Marruecos. Julio 1921.

La obra completa, de 611 «apretadas» páginas, no dispone de un índice. El resumen de Picasso alcanza hasta la página 300 y se divide en una introducción (apartado I), donde el instructor recoge las dificultades encontradas durante el desarrollo de la investigación.

Continúa el documento con una prolija presentación de los hechos. Arranca con los sucesos de Abarran (apartados II y III), narrando la organización del territorio y la situación de las tropas (apartados IV y V), para pasar a relatar lo sucedido, de acuerdo con las declaraciones de los testigos, en Igueriben (apartado VI), Annual, (apartados VII y VIII), en la retirada de Dar Drius a Monte Arruit (apartados VIII-XI), en la circunscripción de Dar Kebdani (apartados XII y XIII), en la de Zoco el Telatza (XIV y XV) y en la de Nador-Zeluán y Melilla (XVI-XVIII), finalizando con las conclusiones (XIX).

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Izqda. Resumen del Excmo. Sr. General de División D. Juan Picasso… (1922). Drcha. Obra publicada por Morata.
Obra publicada por Morata

A continuación, ya en la página 300, se recoge la remisión del expediente al «señor fiscal y togado», para su informe y, en su caso, preparar los consejos de guerra que se desprendiesen de la investigación, incluyendo todo el análisis que realiza esta autoridad judicial.

El fiscal vuelve sobre los aspectos tratados por Picasso. Finaliza la obra recogiendo las 39 declaraciones seleccionadas por el juez instructor, de las 167 que figuran en el expediente original y algunas cartas y telegramas, todo ello de gran valor documental.

Sobre la forma, apuntar que el texto resulta difícil de interpretar sino se posee una vasta formación militar y un profundo conocimiento del territorio. El texto no se encuentra demasiado bien estructurado y su redacción, con párrafos interminables, resulta farragosa. La obra está llena de nombres de cabilas, de términos militares, de accidentes orográficos de complicados topónimos, que a veces se repiten o se escriben de forma diferente y, en casos, los mismos nombres se refieren a lugares distintos y muy distantes.

En la exposición de hechos que realiza el general Picasso aparecen numerosos errores de bulto, que resultaría prolijo relacionar. Estos van desde la tergiversación de información modificando el texto de algunas declaraciones, hasta tomar como definitivas declaraciones no contrastadas, cuando otros testigos, mucho más fiables, se pronuncian en términos totalmente diferentes.

Sirva como muestra que, a pesar de todas las consideraciones y dificultades que narra Picasso, en el primer párrafo de la primera página de su resumen, el instructor afirma con toda rotundidad:

«Hubo este juzgado tomar como punto de partida prudencial de sus investigaciones aquel momento en que el Comandante general del territorio, propasando el límite racional de la capacidad de sus medios de acción, sin exacta apreciación de las circunstancias políticas regionales y distanciándose, a lo que puede juzgarse de las miras del Alto Mando, en cuyos proyectos no entraba intensificar por entonces la acción por la parte de Melilla […] se aventura en arriesgada incursión en la cabila de Tensaman, sobre la izquierda del rio Amekrán, […] en demanda del áspero contrafuerte de cabo Kilates, con decidido propósito de alcanzar el río Nekor y la Bahía de Alhucemas […] El Comandante general, obsesionado con el decidido empeño de llegar a todo trance a Alhucemas»^[55].

Y así, le surgen al estudioso ciertas dudas razonables: ¿Cómo sabía el juez que el Comandante general de Melilla no tenía una «exacta apreciación de las circunstancias políticas regionales» o que estaba «obsesionado con el decidido empeño de llegar a todo trance a Alhucemas» o que actuó con «inconsciencia, con incapacidad, con aturdimiento»? Y si no disponía de las órdenes y planes del Alto Mando ¿Cómo llegó a determinar que en los proyectos del Alto Mando «no entraba intensificar por entonces la acción por la parte de Melilla»?

¿Tal vez fue el producto de aquellas deducciones o inducciones, a las que se ha hecho referencia cuando trata las declaraciones de los testigos, aclarando que «si bien han sido pródigos […] lo han sido siempre en su interés particular», para acabar sentenciando que todo ello «hacía difícil, cuando no imposible» concretar lo «tocante a personas responsables»?

Posteriormente en el apartado conclusiones, Picasso se explaya con otro párrafo referido al Comandante General de Melilla y con todo lujo de detalles, determinaba, ¡sin la menor duda!, al máximo responsable de la tragedia:

«Por quebrantar principios invariables de orden y técnica militares […] Graduación de responsabilidad. - Y así es que la responsabilidad debe también estar en razón directa de la autoridad, en uno u otro imputarse aquella al Mando, […] que con inconsciencia, con incapacidad, con aturdimiento o temeridad, ha provocado el derrumbamiento de la artificiosa constitución del territorio».

En suma, en el expediente Picasso, tras determinar que el Comandante General de Melilla actuó con incapacidad, aturdimiento y temeridad, le acusaba de:

• Sobrepasar el límite racional de la capacidad de sus medios de acción.

• Desconocer la situación política de las cabilas.

• Incumplir las órdenes del Alto Comisario.

• Buscar la gloria personal, exponiendo a sus fuerzas.

Además, Picasso atribuía al Comandante General algunas responsabilidades concretas, en el nivel de conducción de las operaciones, relacionadas con «quebrantar principios invariables de orden y tácticas militares»:

• La gran cantidad de puestos, mal guarnecidos, respecto a las fuerzas disponibles.

• No contar con un escalonamiento de fuerzas en profundidad.

• Adentrarse sin orden expresa del Mando, ni los medios adecuados, solo contando «con su estrella», hacia la bahía de Alhucemas, ocupando Abarran.

• Avanzar, después de caer la posición de Abarran (1 de junio), y ocupar Igueriben (6 de junio), tratando además de ocupar la Loma de los Árboles (18 junio).

• Acumular en la línea del frente gran parte de las fuerzas disponibles, dejando sin protección la retaguardia y Melilla.

• No haber preparado líneas de comunicación a retaguardia, para un posible repliegue

Estas puntualizaciones, que en principio parecen lógicas, pierden su valor cuando se considera la exposición de Berenguer, responsable del plan de pacificación, que en sus memorias recogía taxativamente que «no se actuaba en una guerra clásica», sino que «este sistema de progresión pacífica convertía al Ejército en un instrumento de la política», y siendo así ¿A qué «principios invariables de orden y tácticas militares» se refiere el juez Instructor? Ello que no deja de poner en cuestión el conocimiento de Picasso sobre la misión y la forma de desarrollarla.

Por último, el instructor vertía otras acusaciones de carácter político o estratégico:

• Falta de preparación, espíritu y moral de la fuerza de Melilla.

• Mantener elementos armados de las cabilas en las zonas pacificadas.

• Suprimir las subvenciones a muchos de los jefes de cabila.

• No haber dado a la familia Abdelkrim el trato que le correspondía.

8. Los errores de Picasso. El análisis del fiscal, nuevas fuentes y el consejo de guerra

Las conclusiones del análisis del fiscal militar resultaron muy diferentes a las de Picasso. Y si éste, en lo que se refiere al Alto Mando, encontró como único responsable al Comandante General de Melilla, aquel envió al Congreso, el 18 de julio de 1922, su informe para que se abrieran diligencias, por motivos muy concretos, contra otros altos mandos:

«como consecuencia del resultado de la información instruida por el general Picasso […] se forme causa en única instancia para depurar responsabilidades relacionadas con […] el General en Jefe del Ejército de España en África, D. Dámaso Berenguer y Fusté, el comandante general de Melilla, D. Manuel Fernández Silvestre, y el general D. Felipe Navarro y Cevallos Escalera, los cuales ejercieron jurisdicción […] desde la ocupación de Monte Abarrán hasta la capitulación de Monte Arruit»^[56].

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Caricatura de Sileno, 1922
Caricatura de Sileno publicada en Blanco y Negro, octubre de 1922

La misión del fiscal togado militar era ceñirse a las responsabilidades militares y así, a pesar de que el expediente pudiera apuntar a responsabilidades de otros estamentos y en otros niveles de decisión, prudentemente, afirmaba en su informe:

«al hablar del aspecto político no pretende el fiscal abarcar la totalidad de él, pues ni es esta su misión, ni está para ello debidamente documentado, ni acaso sus condiciones personales fusen suficientes para ello. Esa alta política que implica la realización de nuestros compromisos internacionales en África, es función propia del Gobierno que la ejerce por medio de la Presidencia del Consejo y de los Ministerios de Estado, Guerra y Marina, y se sale de los límites de este informe».

En 1948, quién fuese Alto Comisario de España en Marruecos, el general Berenguer, publicó su obra Campañas del Rif y Yebala. Correspondencia y documentos oficiales para el estudio de nuestra acción militar y política. Notas de mi diario 1919-1921. Este extraordinario trabajo, de 670 páginas, resulta mucho más extenso que el editado en 1923 con un título muy parecido. La obra de 1948 corrige y completa la publicación «exculpatoria» de 1923, recogiendo:

• Toda la correspondencia cruzada entre el Alto comisario, los ministerios de Estado y Guerra y el Comandante General.

• Las reuniones de alto nivel entre el Presidente del Consejo, el ministro de la Guerra, el ministro de Estado y el Alto Comisario; y las desarrolladas entre el Alto Comisario y el Comandante General.

• Los planes propuestos por el Alto Comisario al Gobierno para la pacificación del Protectorado y la forma de desarrollo de la intervención.

• Las órdenes remitidas al Comandante General de Melilla y los informes de éste en relación a su cumplimiento.

• Los permisos solicitados por Silvestre para el desarrollo de diferentes planes y la ocupación de las distintas posiciones; así como la aceptación de las propuestas por el Alto Comisario.

• Y, finalmente, las peticiones del Comandante General de Melilla sobre los recursos necesarios (unidades de refuerzo, armamento, equipo, material vario y recursos económicos) para poder alcanzar los objetivos marcados en los planes del Gobierno.

Además, en 1978, el hijo del teniente coronel Fidel Dávila, Jefe de la Sección de Campaña del EM Mayor de la Comandancia General de Melilla durante los sucesos, publicó la obra Una vida al servicio de España: General don Fidel Dávila Arrondo 1878-1962.

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Libros publicados: Campañas en el Riff y Yebala. (Berenguer) Una vida al servicio de España: General don Fidel Dávila Arrondo 1878-1962 (Dávila)
Escuela de estudios esotéricos, 1978

En ella se presentan todas las órdenes de operaciones preparadas por el EM de la Comandancia general de Melilla en virtud de las órdenes recibidas del Alto Comisario y certificadas por el Gobierno; los trabajos del EM para su elaboración; las dificultades para la ejecución de los planes y las previsiones de recursos para acometerlos, que nunca fueron se concedidos.

Por último, tras la liberación, en enero de 1923, de los prisioneros hechos por Abdelkrim durante los sucesos de julio y agosto de 1921, se publicaron algunas obras de marcado interés para el esclarecimiento de los hechos.

Entre ellas resaltar la escrita por el teniente Coronel Pérez Ortiz, Jefe del regimiento de Infantería San Fernando durante los sucesos, titulada De Annual a Monte-Arruit, crónica de un testigo; y la del capitán Sainz, del EM de la Comandancia General de Melilla que actuó como jefe de EM de la columna del general Navarro en la retirada de Dar Drius a Monte Arruit, titulada Con el general Navarro en operaciones y en el cautiverio. Memorias del Capitán de Estado Mayor Sigfredo Sainz Gutiérrez.

Todas estas obras permiten corregir las dificultades que tuviese Picasso relativas a las órdenes y planes del Alto Mando. Además, los detallados testimonios de Pérez Ortiz y Sainz, realizados ya sin la presión del momento, facilitan contrastar y seleccionar aquellas declaraciones del expediente más ajustadas a los hechos.

El análisis de todo este conjunto de datos deja en evidencia las conclusiones de Picasso y permite corregir absolutamente «las deducciones e inducciones» extraídas por el juez instructor, refutando todas y cada una de sus acusaciones al Comandante General de Melilla.

No es motivo de este trabajo presentar ese estudio. Baste como comprobación que, en 1924 –derivado del expediente y del posterior informe del fiscal del Consejo Supremo de Marina y Guerra- se decidió juzgar en Consejo de Guerra a los generales Berenguer, Navarro y Silvestre, en el caso de que estuviese vivo.

Tras el proceso, el fiscal solicitó veinte años de prisión para el general Berenguer, considerándole culpable de no enviar los recursos solicitados por Silvestre y de no socorrer a las plazas de Zeluán y Monte Arruit. En el caso del general Navarro, la petición fue de ocho años de prisión por decidir la retirada de Dar Drius, en contra de las órdenes dadas por el Comandante General antes de su muerte. Unas decisiones que fueron las verdaderas causantes del derrumbe de la Comandancia General de Melilla.

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Consejo de guerra Berenguer y Navarro
La Vanguardia

Por su parte, Silvestre fue acusado de ordenar la retirada de Annual y abandonar a su suerte a las posiciones de esa circunscripción, pero no pudo defenderse en el citado consejo de guerra, por lo que nunca sabremos cual hubiese sido la petición del fiscal.

Sin embargo, conociendo la numerosa correspondencia mantenida por el Comandante General de Melilla con el Alto Comisario y el Gobierno, recogida en la obra de Berenguer (1948) y en los diarios de operaciones del teniente coronel Dávila (1978), es probable que hubiese quedado exonerado.

En cualquier caso, el general Silvestre desarrolló su propia defensa quince días antes de los tristes sucesos de Annual. El 7 de julio de 1921, el Comandante General en Melilla concedió una entrevista a Eduardo Rubio, redactor del Día Gráfico de Barcelona. El reportaje se publicó el día 12 de julio de 1921, diez días antes del derrumbe de la Comandancia General de Melilla:

«Al final de cuentas -expone Silvestre- estoy a las órdenes de Berenguer: a él y al ministro de la Guerra toca dar los elementos que se deben emplear, y a mí, con arreglo a lo que pueda disponer, obrar; y allá ellos y los resultados...

- Se habla de su dimisión, incluso hasta de que había sido aceptada.

- ¡Bah! Ganas que tendrán de sucederme -dice riendo el general Silvestre. Y poniéndose serio, mirando fijamente al cronista, añade “Yo no dimitiré nunca de ningún cargo militar que se me confiera; a mí se me relevará sino lo hago bien o no convengo; dimitir, no. Los militares -entiendo yo- no debemos, no podemos dimitir; por consiguiente, no hay que pensarlo”.

- Y ahora, ¿piensa usted seguir las operaciones?

- No, señor; de ninguna manera. Nada, esperar, estar a la expectativa [...] Ahora, que tengo que defenderme; presiento graves movimientos; pero, ¡si no me ayuda el Gobierno [...]! Si las confidencias que ya conoce el Ministro son ciertas, quizá se avecinen acontecimientos, cuya responsabilidad declino».

9. Conclusiones

No se puede dejar de remarcar que la investigación se desarrolló en un ambiente tenso -con una importante presión política, mediática y social- y que resultó afectada por la intervención del Alto Comisario y su relación personal con el juez instructor. Y, por último, que el célebre expediente se elaboró precipitadamente, en menos de nueve meses. Así, tal como apunta Gájate:

«Resultó muy simple achacar el descalabro a la impetuosidad de Silvestre, el Comandante general de la plaza. Pero ¿Podía la soberbia de un general decidir toda la suerte de una batalla?»^[57].

El Expediente Picasso llevó a abrir la Comisión de Responsabilidades políticas, a todos aquellos cargos que, desde el ejecutivo, habían tenido relación con los sucesos. En diciembre de 1922, fue el Gobierno de Sánchez Guerra, quién finalmente decidió, ante las exigencias de un sector político, remitir el expediente al Congreso, para el desarrollo de una investigación en sede parlamentaria. Como en muchos otros casos ha ocurrido a lo largo de la historia con este tipo de investigaciones, pocos responsables políticos se encontraron.

El error de las conclusiones de Picasso, acusando de todo lo sucedido al Comandante General de Melilla, se puso en evidencia cuando el fiscal militar encontró, en el análisis del expediente, pruebas suficientes como para encausar también a los generales Berenguer y Navarro, además de notorios indicios como para inculpar a los gabinetes, como responsables de la política marroquí.

Son muchos los estudiosos que han alabado las bondades del Expediente Picasso. En este sentido Balado apunta que «la tramitación judicial de lo ocurrido en el territorio de la Comandancia General de Melilla durante 1921 se sustanció, en lo que al general Picasso se refiere, de manera profesional y rápida. Su trabajo fue admirable»^[58].

Una opinión que resulta difícil de compartir cuando se analizan en profundidad las conclusiones y se contrastan con los documentos oficiales que posteriormente aparecieron. El Sr. Picasso tergiversó la realidad con sus deducciones e inducciones y creó una imagen totalmente distorsionada de los hechos que aún hoy perdura.

El 21 de agosto de 1921, El Debate publicaba un artículo titulado Responsabilidades para todos, recogiendo una lista, bastante acertada, de los posibles responsables de la tragedia:

«Los gobiernos directamente por omisión o comisión, […] los partidos, y muchos políticos personalmente y los agitadores profesionales todos son responsables del revés sufrido en Melilla. El general Picasso depura ya las responsabilidades militares, ¿Quién depurará las políticas?».

Muchos años después, en 1965, Galban Jiménez, Director del Telegrama del Rif, tras un desarrollar un extenso y profuso trabajo de investigación, publicó su obra España en África. La pacificación de Marruecos. Su diagnóstico sobre la tragedia de Annual resulta, desde nuestra modesta percepción, verdaderamente acertado:

«Al general Silvestre se le exigió un imposible y fracasó. Tropas insuficientes para la obra […] sin recursos […] mal atendido de material de guerra; falto de dinero para poner en servicio caminos transitables […] ¿de quién era la culpabilidad del desastre de Annual? De los gubernamentales, coaccionados por republicanos y socialistas; del Congreso de los Diputados en pleno, de la opinión pública, que añoraba el abandono de Marruecos […] a todos alcanzaba la responsabilidad, y la victima de esa política nacional corrompida fue el Ejército de la Comandancia General de Melilla con su General, que sucumbieron en la impotencia con que se desenvolvían, cumpliendo la misión»^[59]

Sin embargo, ninguna otra instrucción se llevó a cabo: ni contra las autoridades políticas, ni contra los grupos agitadores, ni contra la prensa... El resultado fue que, toda vez que únicamente se expedientó a la institución militar, el Ejército quedó marcado en el imaginario colectivo como el único responsable de aquellos trágicos sucesos, y en particular, dadas las erróneas conclusiones del juez instructor, el general Manuel Fernández Silvestre.

Lo más sorprendente es que los grupos que más violentamente se opusieran a la acción marroquí, y al envío de cualquier recurso, hombres, material o créditos, movilizando a las masas en contra de intervención y haciendo caer numerosos gobiernos, fueron los que con más insistencia solicitaron la depuración de responsabilidades buscando los culpables en otras instituciones, otros grupos políticos o en la misma Corona.

¿Tal vez existieron intereses partidistas en esta actitud? Sea cual sea la respuesta, lo cierto es que la apertura de los expedientes de responsabilidades tuvo mucho que ver en la desintegración del sistema de la Restauración que, tras el Directorio, culminó con el exilio real.

En el expediente Picasso existe información suficiente como para reconstruir con un elevado grado de precisión lo acontecido en Melilla en el verano de 1921. Bien es cierto que ello exige realizar un estudio con tiempo y sin prejuicios.

Y también lo es que realizar una interpretación correcta de la información en él contenida requiere conocer, entre otros muchos aspectos los relacionados con la dirección nacional de la política marroquí; el procedimiento diseñado para llevarla a cabo; el sistema de concesión de créditos para las operaciones; la organización de la estructura de mando en el Protectorado y de la Alta Comisaria; el dimensionamiento, la organización y la misión de las diferentes unidades (bien indígenas o metropolitanas); el sistema de recluta y voluntariado; o con el territorio, la forma de vida y movilización de las cabilas.

Y resulta así que se comprende a aquellos investigadores y estudiosos que, confiados en la rigurosidad del trabajo desarrollado por el general Picasso, se dirigieron directamente a las conclusiones y/o a los párrafos introductorios. Y a aquellos otros que, para conocer lo sucedido, acudieron a obras menos académicas y de más fácil lectura, como las elaboradas por los diferentes corresponsales enviados a Melilla.

10. Referencias bibliográficas

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Notas

Enlace alternativo

https://revistas.fuesp.com/cih/article/view/240 (html)